Contrato de trabajo non sancto
La empresa Rural Power y Monsanto fueron denunciadas por trata de personas en 65 casos. Se trata de un campo de la localidad de Salto, donde trabajaban en condiciones paupérrimas en el desflore de maíz. La denuncia fue radicada en la Justicia federal.
Por Emilio RuchanskyLa empresa Rural Power y su contratista Monsanto fueron denunciadas por el delito de trata de personas por la AFIP, luego de que 65 peones fueran entrevistados durante un operativo en un campo de la localidad bonaerense de Salto. Según difundió ayer la agencia impositiva, la mayor parte de los trabajadores proviene de Santiago del Estero y fue reclutado para el desflore de maíz. “Los trajeron engañados, les vendían comida a sobreprecio, los endeudaron y por lo que nos contaron los peones rescatados, no los dejaban salir del campo”, confió a Página/12 una fuente de la AFIP. En Monsanto optaron por no responder debido a que “no tienen información sobre la denuncia completa”, que fue radicada en la Fiscalía Federal de Mercedes. “El lugar fue inspeccionado el año pasado y mejoraron las condiciones habitacionales”, aclararon en la AFIP.
Según pudo comprobar la agencia impositiva, la empresa Rural Power SA tenía el ciento por ciento de su personal en condiciones irregulares. “Los agentes constataron que si bien la firma había tramitado las claves de Alta Temprana, al día siguiente las dio de baja”, señaló la agencia impositiva en un comunicado. El Alta Temprana se expide a las empresas para que éstas la exhiban a sus trabajadores, como un primer certificado de empleo registrado.
El campamento se llama “La Negra” y está a 200 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires. Allí los peones aseguraron que la jornada laboral era de 14 horas corridas. “Sus salarios eran retenidos y estaban obligados a abonar los alimentos que consumían a su propio empleador a un precio muy superior al de plaza”, indicó la AFIP. Los 65 peones fueron contratados, según la documentación encontrada, el 10 de diciembre pasado. De “adelanto”, recibieron 200 pesos y la promesa de “un trabajo digno”.
“La empresa multinacional Monsanto es solidariamente responsable de las acciones que efectúe su contratista Rural Power en el cumplimiento de sus obligaciones previsionales y también, si se demuestra, de la trata de personas”, señalaron desde la AFIP. El año pasado, tras constatarse una situación similar en esa estancia, el delegado local de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Julio César René, señaló que las mismas condiciones se repetían en los campos de las empresas Pioneer, Tobin y FN Semilla.
En el período comprendido entre octubre y febrero, informó entonces René, “llegan a la zona entre cinco mil y seis mil trabajadores para hacer tareas de desfloración, purificación y fumigación manual de maíz y que en algunos casos, los empleados son contratados por las firmas proveedoras de mano de obra, Rural Power, Pertenecer, Man Power, Saevent y Adecco”. Según estipula el nuevo Estatuto del Peón Rural, estas empresas reclutadoras tienen prohibido participar en el agro, sin embargo, de momento esa norma se encuentra paralizada (ver aparte).
“La producción de semillas híbridas de maíz da ganancias espectaculares a Monsanto por el rendimiento que producen: todos los años hay que comprarlas para poder sembrar y la fórmula está protegida. Hay muy pocos jugadores importantes en el mercado, cinco o seis, y Monsanto es el principal”, explicó a Página/12 el ingeniero agrónomo Luis Cardini, quien hasta hace poco formaba parte de la Comisión Nacional de Semillas que asesora el Ministerio de Agricultura.
Excepto por la empresa Pioneer, que comenzó a tecnificar el desflore de maíz para que los peones no caminen toda el área de sembrada, la actividad es muy sacrificada. Los trabajadores deben separar manualmente en la época de floración algunas plantas que producen polen pero no sirven para la cruza buscada. Luego, la cosecha de semillas se completa con máquinas. “Antes un productor necesitaba sacar diez kilos de maíz para comprar un kilo de semillas, esa relación se amplió mucho: ahora precisan alrededor de 35 kilos para comprar la misma cantidad de semillas”, comentó Cardini. En Monsanto reconocieron que el campo fue inspeccionado el año pasado y afirmaron que nunca recibieron una denuncia por este tema. “Tenemos los estándares más altos para los trabajadores, con una bajada muy fuerte en el tema de derechos humanos. Incluso nos adelantamos en varios ítem a la nueva ley de peones rurales”, señaló una vocera de la multinacional. Luego que aseguró que Rural Power también se adecua a la normas de la compañía semillera y a la ley argentina.
